TEXTO Y FOTO: FRANCO VALDEZ

ZACATECAS, ZAC.- Colectivos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 34 (SNTE 34), denuncian inconstitucionalidad en la renovación sindical, toda vez que no se ha llevado el proceso desde hace dos años por la contingencia sanitaria y la prórroga solicitada para la renovación expiró el pasado primero de mayo.

Representantes de diferentes colectivos consideraron que el trabajo realizado por la actual secretaria del sindicato, Soralla Bañuelos de la Torre, no ha sido el esperado, reprocharon que además de representar a la Sección 34, ocupó el cargo de diputada local y como titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional, lo que le ha impedido desarrollar su cargo satisfactoriamente.

“Nunca se había concentrado tanto poder en una persona”; en este sentido, exigieron a la representación sindical emitir la convocatoria necesaria para poder conformar las planillas.

Por su parte, representantes del Movimiento Democrático aseguraron que van avanzados con una propuesta de planilla conforme a las bases y, al momento, se han convocado a dos plenos estatales.

Francisco Gómez Pug, exsecretario del SNTE 34, consideró que la omisión en cuanto a la publicación de la convocatoria se debe a “tácticas del Comité Ejecutivo Nacional, hasta que garantice el triunfo de la representación que ellos desean”.

No obstante, hizo un llamado a los integrantes del SNTE 34 para reflexionar sobre la situación que impera al interior del sindicato y participar activamente en el voto, que por primera vez será universal, libre y secreto, ya que anteriormente se daba por medio de delegados sindicales, informó. 

“En términos legales el tiempo se ha agotado, queremos que surjan dos planillas, porque ellos quieren muchas planillas para pulverizar el voto. Buscamos hacer un frente único de lucha”, dijo. 

Por su parte, Jacobo de Luna, exmiembro del actual comité, reprocho la falta de interés por parte de la líder sindical hacia sus agremiados, ya que no apoyó a los trabajadores que tienen hasta ocho meses sin salario, o a los grupos de diferentes partes del estado que se ven afectados sin un docente, o con la contratación de personas sin perfil y fuera de lo estipulado en la ley.