CARLOS PEÑA BADILLO

Se convirtió en nota nacional y ya en un movimiento social, la última acción realizada por las y los legisladores federales afines a la 4T. La historia comenzó desde las mañaneras, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a una serie de cuestionamientos, señalamientos y hasta indicaciones para actuar en contra del Poder Judicial, pues lo mismo confrontó con integrantes de la Suprema Corte, las y los magistrados, jueces e integrantes de la institución responsable de impartir justicia en nuestro país.

Impulsó López Obrador, desde el intento de linchamiento social, hasta una estrategia presupuestal, legislativa y legal para afectar e invadir de manera directa a otro Poder. Esto resulta muy grave para nuestra Nación, pues indistintamente de argumentos válidos o no, el exceso al buscar entrometerse, es lamentable. 

Se habla de recursos que, desde la óptica presidencial, como todo lo que no hacen en su partido o su gobierno, resulta un exceso y síntoma de corrupción. Sin embargo, es ya permanente el paro laboral que han establecido quienes trabajan para el Poder Judicial de la Federación, reprochando que –de manera arbitraria– diputadas y diputados de los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo aprobaron al eliminar 13 de 14 fideicomisos existentes. Lo que afecta severamente sus ingresos y posibilidades de tener garantizada su estabilidad económica y familiar.

El punto de que desde el Poder Ejecutivo se instruya para vulnerar al resto de los poderes, es inadmisible; no es posible la intentona, que puede ser secuencial y recurrente, para afectar la imparcialidad y la posibilidad de impartir justicia con objetividad, apegados a la ley y sin la influencia de intereses que induzcan en favor de algunas de las partes.

Adicional, frente a la aguda crisis de inseguridad que estamos viviendo, sumado a la falta de estrategia clara para enfrentarla, la impartición de justicia se ha convertido en una de las tareas de mayor riesgo. Esto lo señalo porque conocemos ya la historia de jueces e integrantes del Poder Judicial, a quienes les han alcanzado desde una amenaza hasta el alto riesgo de perder la vida. Por ello, resulta necesario brindarles un mínimo de garantías indispensables para que sigan realizando su trabajo, esto incluye tener las prestaciones y salarios acorde a su función.

Reitero pues, la enorme necesidad de que en el Senado de la República la reflexión sea distinta, que se pondere la realidad de país que tenemos frente al capricho presidencial que padecemos. Es inminente que se siga presionando para buscar concientizar una toma de decisiones que actúe con objetividad y no con la parcialidad que se pretende desde Palacio Nacional, donde no existe más visión que la personal de quien conduce los destinos de nuestro México.

Espero que las cosas puedan corregirse; mientras tanto, la solidaridad, respeto y compromiso personal y partidista de defender a las instituciones, los poderes y su recurso humano, es no sólo convicción, sino obligación para las y los mexicanos, de no hacerlo está en riesgo la estabilidad de nuestra nación.