• De acuerdo con datos de Hacienda, el gasto programable en obra pública en 2023 sumó 5 billones 958 mil 256 millones de pesos, 8.2 % más de lo aprobado en 2022

TEXTO Y FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), urgieron a la construcción de políticas enfocadas a combatir espacios de opacidad y discrecionalidad en los proyectos de infraestructura y obra pública del país.

Sobre todo, porque las contrataciones en este sector son de las más observadas por la autoridad fiscalizadora, coincidieron los comisionados Adrián Alcalá Méndez y Norma Julieta del Río Venegas, al participar en la inauguración del Taller Global de Gerentes de la Iniciativa Internacional de Transparencia en Infraestructura (CoST, por sus siglas en inglés).

En su intervención, el Comisionado Presidente, Alcalá Méndez, señaló que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto programable en obra pública en 2023 sumó 5 billones 958 mil 256 millones de pesos, 8.2 % más de lo aprobado en 2022, lo que demuestra la importancia del desarrollo de políticas novedosas enfocadas a combatir espacios de opacidad y discrecionalidad en los proyectos de infraestructura que requiere México.

“Recordemos que la ausencia de una política de transparencia en la contratación de obra pública favorece la prevalencia de prácticas indebidas o actos discrecionales que merman el impacto positivo de las obras de infraestructura en la calidad de vida de las personas de una comunidad, de un municipio y, por tanto, también de un país”, enfatizó.

En este contexto, el Comisionado Presidente refrendó el compromiso del INAI con el impulso de la iniciativa CoST como una plataforma para generar información pública útil que permita la gestión abierta, eficiente y transparente de los proyectos de infraestructura y obra pública.

A su vez, la Comisionada Del Río Venegas destacó la importancia de la iniciativa CoST para transparentar y rendir cuentas de las obras públicas, pues advirtió que las contrataciones en ese ámbito son de las más observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Indicó que, a pesar de dicha situación, en noviembre de 2021, el Gobierno federal emitió un acuerdo por el que se declaraban como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura, que daba pauta a la reserva de información; sin embargo, el INAI interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Controversia Constitucional y, en mayo de 2023, la Corte le dio la razón al Instituto.

“No puede haber obras reservadas por seguridad nacional, no puede haber obras de esta naturaleza y mucho menos que vayan contra la apertura y la rendición de cuentas (…) La Plataforma Nacional de Transparencia, prevista en la Ley, tiene más de 4 millones de registros de obra pública, de los cuales 114 mil pertenecen a Jalisco”, apuntó la Comisionada.