En la mira
La vinculación universitaria
a través de la gestión y participación social
En un contexto nacional e internacional donde las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de ser más que espacios de formación académica, es imperante que las universidades públicas adopten políticas claras y sostenidas para mantener una vinculación social permanente.
Una propuesta que toma fuerza en este escenario es la creación de una política universitaria enfocada en la vinculación mediante la gestión y participación social, como una herramienta estratégica para consolidar la responsabilidad social universitaria, estrechar la relación con la sociedad y devolver valor a la comunidad que las sostiene.
La vinculación social universitaria no es un concepto nuevo, pero sí uno en evolución. En los últimos años, dejó de ser una actividad periférica para consolidarse como una función sustantiva al nivel de la docencia, la investigación y la extensión. La importancia de esta política radica en varios puntos clave.
En primer lugar, responde a la necesidad de democratizar el conocimiento y hacerlo accesible a las comunidades más vulnerables, lo cual tiene un impacto directo en la disminución de las brechas sociales.
En segundo lugar, potencia la formación integral del estudiantado, al ofrecer espacios reales donde pueden aplicar sus saberes académicos y desarrollar competencias éticas, sociales y profesionales con sentido de pertinencia.
Además, su implementación consolidaría alianzas estratégicas con actores sociales, gubernamentales y productivos, ampliando la influencia de la universidad y mejora su capacidad para incidir en el desarrollo local, regional y nacional, con un impacto en la resolución de problemas colectivos.
Operativamente podría concretarse con la integración de un comité de gestión y participación social, en el que se incluyan representantes de diversas áreas de la universidad como docentes con trayectoria en vinculación comunitaria, estudiantes con participación activa en proyectos sociales, personal administrativo, representantes de comunidades beneficiarias y aliados externos.
Esta diversidad garantizaría una visión plural, incluyente y democrática del quehacer universitario en comunidad. Asimismo, este comité de participación y gestión social actúe no sólo como un órgano consultivo, sino como un ente con atribuciones operativas y de acompañamiento en la búsqueda de financiamiento y de asignación de recursos, evaluación de resultados y rendición de cuentas de la actividad universitaria para la recuperación de la confianza social, institucionalizando con ello una cultura de responsabilidad social universitaria, con mecanismos de transparencia, evaluación de impacto y mejora continua.
En una universidad pública como la UAZ, donde gran parte del financiamiento proviene del erario, la rendición de cuentas no debe limitarse a indicadores meramente académicos o de eficiencia, sino que debe extenderse a demostrar cómo la institución contribuye al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible de su entorno.
Por lo anterior, generando una política universitaria de vinculación social de esta naturaleza, es apostarle a una universidad comprometida con su tiempo y con su gente; una universidad que no sólo enseña, investiga y evalúa, sino que también transforma, escucha y construye. La educación superior pública no puede seguir siendo una torre de marfil: necesita estar con los pies en la tierra, en diálogo constante con la realidad, y en acción permanente por el bien común.