La UAZ frente a la Ley General de Educación Superior: retos y oportunidades

ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO

La entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior (LGES) plantea a las universidades públicas, incluida la UAZ, el desafío de transformar sus estructuras y asumir la educación superior como un derecho humano.

Ante este nuevo marco legal, la administración que iniciará en septiembre de 2025 deberá definir una estrategia institucional que responda a sus principios y exigencias. La LGES plantea un modelo centrado en la equidad, la inclusión, la excelencia y la pertinencia social, comprometiendo a las instituciones públicas a garantizar el acceso, permanencia y egreso exitoso de sus estudiantes.

Asimismo, exige una mayor transparencia, rendición de cuentas y vinculación con el entorno, elementos que suponen una profunda revisión de las prácticas universitarias tradicionales.

Para la UAZ, esta ley representa tanto un reto mayúsculo como una oportunidad invaluable. El reto, porque demanda reorganizar procesos internos, fortalecer estructuras académicas y administrativas, y superar las resistencias que durante años han limitado la innovación institucional.

Pero también una oportunidad, porque permite consolidar su papel como una universidad transformadora y al servicio del desarrollo de Zacatecas.

Uno de los principales desafíos será el cumplimiento efectivo del principio de gratuidad en todos los niveles de licenciatura, lo que implica revisar y replantear esquemas de financiamiento, mecanismos de apoyo estudiantil y políticas de gestión de recursos.

La nueva administración deberá trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal para garantizar que la gratuidad no signifique precarización, sino un impulso al fortalecimiento estructural de la universidad.

Otro aspecto fundamental será la armonización normativa. La UAZ tendrá que actualizar su legislación interna para adecuarse a los mandatos de la LGES, sin perder de vista su autonomía universitaria.

Esta armonización debe construirse de manera colectiva, respetando los principios de participación democrática que rigen la vida universitaria. Además, la UAZ está llamada a fortalecer su vinculación con el entorno social y productivo, promoviendo la investigación con impacto regional, los proyectos de extensión universitaria y la colaboración interinstitucional.

En un estado con múltiples rezagos como Zacatecas, la universidad debe posicionarse como un agente activo de transformación territorial. La implementación de un modelo académico flexible, incluyente e intercultural es otro imperativo. La LGES exige que las universidades atiendan a poblaciones históricamente excluidas —como personas indígenas, con discapacidad o en contextos rurales—, lo que obliga a rediseñar currículos, metodologías y políticas de acceso con enfoque de derechos.

Por lo anterior, la nueva administración deberá fortalecer los mecanismos de evaluación y mejora continua, apostando por una cultura institucional basada en la planeación estratégica, la innovación educativa y la rendición de cuentas.

La UAZ tiene ante sí un desafío monumental, pero también la posibilidad de redefinir su papel histórico como pilar del desarrollo regional y como garante del derecho a una educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

La respuesta a la LGES marcará el rumbo de la universidad en los años por venir, y será el verdadero termómetro del compromiso de sus autoridades con la transformación social y educativa del estado.