• Urgen a recibir crisis de inseguridad en Guadalupe 

FRANCO VALDEZ

FOTO: CORTESÍA 

ZACATECAS, ZAC.- Durante la sesión ordinaria de este miércoles, a nombre de la bancada del PRI, la diputada Gabriela Basurto Ávila presentó una iniciativa para exhortar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y a la Guardia Nacional (GN), a fin de que los elementos de las dos corporaciones tengan mayor presencia en el municipio de Guadalupe, por ser uno de los municipios con mayor incidencia delictiva.

La diputada informó que las estrategias de seguridad se han enfocado a los municipios de Zacatecas y Fresnillo; sin embargo, se ha dejado de lado a Guadalupe, donde «los ciudadanos se sienten con miedo y suceden eventos cada semana».

Agregó que existe una base de la GN instalada, la cual no está siendo utilizada por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para generar estrategias enfocadas al municipio de Guadalupe.

Basurto Ávila informó que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a los delitos cometidos en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, durante el año 2022, «observamos que en varios meses del año son mayores los cometidos en el municipio de Guadalupe que incluso en el municipio de Fresnillo»; ejemplificó que en el mes de enero se registraron mil 002 delitos en Fresnillo y mil 121 delitos en Guadalupe.

Por su parte el diputado Ernesto González Romo (Morena), coincidió con la diputada y compartió que habitantes de la comunidad de San Jerónimo se han acercado para informarles que han sido víctima del delito de leva, sus familiares son secuestrados para realizar trabajos forzados. «Es un tema delicado y preocupante, me parece un llamado oportuno», agregó el diputado.

La iniciativa fue votada como urgente y obvia resolución.

Recurso para el IEEZ

Por otro lado, el diputado José Guadalupe Correa Valdéz (PAN), presentó una iniciativa a exhortar al Poder Ejecutivo para dotar de una ampliación presupuestal de al menos 7 millones de pesos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para destinarlo al gasto ordinario y gasto electoral.

Aseguró que el IEEZ es un organismo público autónomo y de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; el cual, al día de hoy «se encuentra en una grave situación financiera para cierre de 2023, razón por la cual es necesaria la ampliación presupuestal del presente ejercicio tanto en gasto ordinario como en gasto electoral», dijo el diputado.

Recurso para desarrollo agropecuario 

El diputado Gerardo Pinedo Santacruz (PRD), presentó la iniciativa para exhortar a los 58 municipios para que destinen fondos para invertir en el desarrollo agropecuario. La propuesta de inversión se tomaría del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del cual se destinaría el 20% del destinado para cada municipio.

«Invertir en el desarrollo agropecuario es una medida importante para promover la seguridad alimentaria, el crecimiento económico del estado y la sostenibilidad en las áreas rurales», dijo el legislador.

Eliminar pensiones a exmagistrados 

En otro tema, el diputado Ernesto González Romo (Morena), presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas, a fin de eliminar las pensiones de exmagistradas y exmagistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Durante la exposición de motivos, el diputado resaltó que grandes sectores de la población mexicana tienen una pensión de bajo monto o sin acceso a ningún esquema de protección para el retiro; también existen pensiones estratosféricas de altos funcionarios en todos los poderes públicos, auspiciados bajo regímenes especiales que son contrarios y violatorios del derecho fundamental a la igualdad.

La propuesta de la iniciativa es que las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, durarán en su encargo catorce años. Al vencimiento de su periodo no tendrán derecho especial a un haber por retiro; únicamente disfrutarán de los beneficios de seguridad social a los que tengan acceso los trabajadores del Poder Judicial del Estado.