Osvaldo Ávila

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales que serán impulsadas para que sean aprobadas antes de que concluya su mandato. En un evento en el que no estuvieron presentes los representantes de los  poderes Legislativo y Judicial, pero con el gabinete en pleno, el mandatario hizo alusiones a la visión humanista de Hidalgo y Morelos que fueron plasmados en el documento memorable: Los sentimientos de la nación.

También expuso que la meta de su gobierno es la mejor distribución de la riqueza y el presupuesto público, porque el objetivo es la reivindicación del pueblo y el combate a la corrupción, frases estruendosas que difícilmente podrían ser contrariadas, pues resultan lógicas y cargadas de humanismo; sin embargo, pocas pasan la prueba de la concreción. 

De aprobarse las propuestas del Ejecutivo, impactarán distintos ámbitos como la situación electoral, el maltrato animal, el derecho a la salud, las pensiones, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción o los salarios de maestros y policías. Nadie en su sano juicio puede estar en contra, pero en virtud de la inviabilidad, la mayoría fueron  rechazadas por los legisladores y salió a culparlos de oponerse al bienestar del pueblo. A efecto de demostrar lo anterior quiero traer a cuenta algunas de las propuestas presidenciales. Veamos. 

Reforma al artículo 4. “Establece que el estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios”. Vaya incongruencia. Por principio ya está asentada tal aseveración, pero como es del conocimiento público la realidad demuestra que sólo existe  en el papel, e incluso aunque fue un compromiso de campaña un sistema de salud como el de Dinamarca y para ello se desaparecería el Seguro Popular y lo sustituirían por el INSABI y posteriormente por el IMSS- Bienestar, incluso se habló de la apertura de una “megafarmacia”, lo cierto es que los hospitales públicos siguen sin medicinas, pasa mucho tiempo para que agenden una cita con un especialista  y casi nunca hay material quirúrgico, por ello aunque se lograra la mencionada reforma, la realidad demuestra que sólo son buenas intenciones, pues a pesar de las promesas, tenemos un pésimo sistema de salud en México.

Reforma al Art. 123. En materia de vivienda. “Se establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas a sus personas trabajadoras”. “Propone la creación de un fondo nacional de la vivienda, al cual las empresas realizarán aportaciones para constituir depósitos a favor de sus trabajadores”. Una vez más la demagogia al descubierto, por principio ya existía tal derecho contenido en la ley; de ahí deriva la existencia de diversos organismos como Infonavit o los institutos de vivienda locales, traer a cuenta  el tema constituye un engaño más, pues la edificación de vivienda para los trabajadores no es un logro  de esta administración ¿Cuáles son los complejos habitacionales para los obreros en el país hechos por este gobierno? ¿Si ya existe el precepto legal porque no se materializa? ¿Cuál es la intención de traerlo a cuenta de nuevo? Está claro, también aquí se pretende manipular y engañar a los trabajadores, hacerles creer que se busca cumplir un derecho para el pueblo, pero no se cumple en la práctica a pesar de sus más de cinco años de gobierno, es un acto más de vil y pura demagogia. 

Reforma al poder judicial. Propone que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito; y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en elecciones ordinarias. La pretensión es clara, con recursos públicos, manipulando programas, y quizás colocando a incondicionales se pretende hacer de lado la carrera judicial, y de paso quitar incómodas resoluciones, es una clara muestra de autoritarismo. 

Está claro, el mandatario federal sólo pretende confundir  a la opinión pública con el objetivo de obtener simpatías electorales, hablar de reformas le permite manipular a la opinión pública, más aún al centrarse en el bienestar común, pero hablar de justicia social sin trastocar a los grandes monopolios, solo es demagogia. 

Las reformas constitucionales que impulsa López Obrador se parecen tanto al cretinismo parlamentario del que hablará el gran Carlos Marx en sus tratados, con la propaganda de la 4T se piensa que basta con enmiendas legales para cambiar la condición de los menesterosos, cuando lo que se requiere es un cambio de forma de organización social, por otra que privilegie la satisfacción a plenitud de las necesidades del pueblo, de lo contrario los cambios a los ordenamientos legales sólo serán buenas intenciones con fines electorales.