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ZACATECAS, ZAC.-  La Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado levantó la voz para exigir a los legisladores federales detener la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, argumentando que pondría en «riesgo la producción, la comercialización y la alimentación» en Zacatecas.

Desde la tribuna, el diputado local Carlos Peña Badillo presentó un Punto de Acuerdo urgente para que se escuche y analice la postura de los campesinos zacatecanos, quienes han manifestado su profunda preocupación por las restricciones que impondría la reforma.

El riesgo económico y laboral

Peña Badillo subrayó el peso del sector primario en la economía de Zacatecas, señalando que el 45% de los empleos en el estado dependen directamente de las actividades del campo. La entidad cultiva más de un millón de hectáreas de temporal y 160 mil de riego, generando una producción con un valor superior a los 27 mil millones de pesos anuales.

El legislador destacó que en el estado operan cerca de 8 mil pozos agrícolas que benefician a 70 mil familias y contribuyen con 18 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Por ello, consideró que la preocupación de los productores es justificada, pues una ley restrictiva podría comprometer su inversión y repercutir negativamente en el desarrollo económico.

Restricciones que amenazan la inversión

El diputado priista enfatizó que el Ejecutivo federal, a través de la Ley de Aguas Nacionales, propone modificar la certeza jurídica en la renovación de concesiones e implantar un esquema sancionatorio radical, lo que ha abierto un debate sobre si la reforma implica un retroceso que perjudicará la soberanía alimentaria.

Entre las principales preocupaciones de los productores zacatecanos se encuentran las restricciones para transmitir los títulos de concesión para el uso de agua entre particulares y la posibilidad de que el volumen autorizado quede sujeto a la disponibilidad que se tenga al momento de realizar el trámite.

Además, la iniciativa contempla la reducción del volumen de la concesión si parte de la tecnificación del riego se realiza con recursos estatales o por casos de sobreexplotación. Los productores temen una aplicación retroactiva de la norma y una mayor carga administrativa que podría detonar la corrupción. De manera crítica, señalan la ausencia de límites de consumo a grandes corporativos, lo que contrasta con las restricciones impuestas a los pequeños productores.

Peña Badillo advirtió que de aprobarse la ley, sería inminente la disminución de la producción de alimentos esenciales como frijoles, ajos y chiles secos, lo que también afectaría la captación de impuestos. Por todo ello, hizo un llamado vehemente para que el gobierno escuche a los productores antes de tomar una decisión que podría acarrear graves consecuencias para la economía y el bienestar de Zacatecas.