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LA NOTA ZACATECAS
ZACATECAS, ZAC.- Una abierta confrontación se ha desatado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas y organismos sindicales del sector educativo, a raíz de una serie de oficios emitidos por la dependencia que advierten a los directivos sobre riesgos administrativos y penales por el pago de licencias sindicales con goce de sueldo.

La polémica escala luego de que el sector sindical denunciara que, tras una semana de intentar establecer una mesa de diálogo con el ejecutivo estatal, la solicitud fue rechazada por no haber agotado supuestamente «las instancias», remitiéndolos a funcionarios sin capacidad de decisión.

La SFP realiza advertencia a sindicatos 

Ernesto González Romo, titular de la SFP, ha manifestado públicamente que el pago de licencias sindicales en subsistemas educativos contraviene criterios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y normativas estatales. El funcionario ha señalado que el dinero destinado a la educación debe usarse exclusivamente para ese fin, y ha advertido a los directivos que continuar con estos pagos podría acarrearles responsabilidades penales y administrativas.

González Romo argumenta que la medida es preventiva y se basa en el Artículo 120 de la Ley del Servicio Civil y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas. Ambas normativas, según su interpretación, establecen que los gastos de los sindicatos deben ser cubiertos por sus agremiados y prohíben comisiones laborales con cargo al presupuesto.

«Hemos mandado esos escritos para que los sindicatos que quieran acudir a los tribunales puedan hacerlo,» declaró el titular de la SFP, indicando que una resolución judicial a favor protegería tanto al líder sindical como al directivo que autorice el pago.

Intentan liquidar la libertad sindical

Por su parte, los líderes sindicales calificaron las acciones de la SFP no como una medida preventiva, sino como una estrategia directa para «liquidar a la libre asociación y la libertad sindical».

Los sindicatos sostienen que estas acciones ya están siendo aplicadas, y que el pago de licencias con goce de sueldo siempre se ha cubierto con presupuesto estatal en apego a los Contratos Colectivos de Trabajo o las Condiciones Generales de Trabajo.

«Esto violenta flagrantemente los convenios y tratados sobre la libre sindicalización que nuestro país ha celebrado con la OIT,» manifestó un vocero sindical, argumentando que las leyes estatales no pueden estar por encima de la Constitución ni de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción con la ASF

La tensión se intensifica ante la reciente notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por segunda ocasión, no registró montos observados en Zacatecas en la revisión de la Cuenta Pública 2024, que incluyó más de 16 mil millones de pesos.

Los sindicatos utilizan este dato para cuestionar el argumento central de la SFP: «Donde está el argumento que la ASF tiene observadas las licencias sindicales, y deja de observar otros tantos actos que sí dejan muchas dudas.»

El conflicto ya ha generado consecuencias. El Sindicato señala que directivos de subsistemas, como el Colegio de Bachilleres (Cobaez), ya han iniciado procesos de investigación contra presuntos responsables de «ejercicio financiero incorrecto», señalando directamente el pago de las licencias sindicales como la causa.

La confrontación entre la Función Pública y los sindicatos augura una batalla legal que podría redefinir las relaciones laborales y el uso del presupuesto en el sector educativo estatal.