• Zacatecas es el quinto estado  con población más triste de todo el país

Patricia Sánchez 

Foto: Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar (Enbiare) del INEGI, Zacatecas es el quinto estado  con población más triste de todo el país, ya que el balance anímico es de 4.67 por ciento.

Por el contrario, el estado más feliz es Colima, con un balance anímico de 5.76, mientras que el más triste de todo el país es Tabasco, con 4.43. 

El indicador se construye con base en lo que el informante declara haber experimentado el día anterior a la entrevista: restando a los estados de ánimo positivos, los negativos.

Dentro de los datos compartidos por el INEGI también se encuentra que al menos 19.6% de la población zacatecana tiene síntomas de depresión, posicionándose como la cuarta entidad federativa con más síntomas de esta enfermedad mental.

Respecto al trastorno de ansiedad, al menos un 56.1% de la población ha experimentado dichos síntomas, tanto de ansiedad mínima como severa; Zacatecas se encuentra en el quinto lugar del país.

Otro dato que ofrece la encuesta es que un 8.48% de la población se siente satisfecho con la calidad de vida de la entidad; el estado de Nuevo León tiene la tasa de satisfacción de habitantes más alta de todo el país con 8.79 por ciento.

Violencia repercute en la salud mental 

La percepción de la violencia en la entidad repercute también en la salud mental de los zacatecanos, quienes deben cambiar de hábitos o incluso de residencia tras ser víctimas de hechos delictivos, que además quedan impunes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la constante exposición a hechos delictivos como balaceras, persecuciones, ejecuciones, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios, etcétera, crean trastornos de ansiedad y depresión en los ciudadanos.

Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas. 

Sin embargo, a menudo el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.