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LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.-  Mediante un oficio, autoridades estatales argumentaron la presunta pérdida del convenio firmado con los productores frijoleros, debido a lo que no se le puede dar seguimiento a dicho acuerdo, según reveló el abogado Jorge Rada.

El abogado del pueblo explicó que tras interponer un derecho de petición dirigido al gobernador, al secretario general de Gobierno, así como al Secretario del Campo, a la Coordinación General Jurídica y a la Junta de Concertación Política para conocer las acciones derivadas de dicho acuerdo, la respuesta institucional encendió las alarmas de la defensa legal.

«Fíjense nada más: la Coordinación General Jurídica señala que no encuentran el convenio y, por tal razón, no le pueden dar seguimiento al cumplimiento del mismo», expuso Rada, quien calificó el hecho como una falta de responsabilidad «muy delicada» que podría derivar en faltas administrativas graves para los funcionarios involucrados en lo individual.

El litigante exhibió la certificación del notario público Jaime Casas Madero, documento que avala la existencia y legalidad de la firma del convenio ante la presencia de diversas autoridades, por lo que la postura oficial representa, a su juicio, un elemento contundente para acreditar la irregularidad y el nulo seguimiento institucional que se le ha dado a la problemática.

Acopio urgente y regresión de derechos

Ante este escenario, la defensa de los productores ingresará de manera formal solicitudes personales a las instituciones para exigir el acopio inmediato del grano, alertando que al tratarse de un producto perecedero, el retraso ya amenaza con generar severos daños y perjuicios económicos a las familias agrícolas.

Asimismo, se requirió de manera formal a los centros de acopio un informe detallado que especifique la variedad de frijol recibida, fechas de siembra y cosecha, calidad del grano y sellos correspondientes.

El abogado detalló que ya se dio vista a los órganos de control de responsabilidades administrativas, toda vez que el conflicto trastoca los derechos humanos de los pequeños productores. Explicó que las modificaciones sobre la marcha a las reglas de operación representan una «regresión en los derechos sociales».

«Todos los derechos deben ser progresivos; la Constitución y las leyes prohíben que se apliquen leyes retroactivas (en perjuicio). Si hay una regresión en el tema de los programas sociales, lo vamos a debatir ante los jueces de distrito», advirtió.

Finalmente, Jorge Rada aseguró que la estrategia jurídica sigue firme y que, además de la movilización social, el movimiento de los productores será encauzado formalmente por la vía institucional y judicial.