EL UNIVERSAL

COAHUILA.- Osvaldo Martínez palpa un muro para analizar algunos de los cincuenta impactos de bala que lo salpican. Su hijo Billy desapareció hace siete años y en su búsqueda, además de ser secuestrado y torturado por la policía, ha aprendido sobre armas. “Es un paredón”, concluye sin temor a equivocarse mientras raspa el concreto con sus dedos.

El muro es parte de la entrada de una caballeriza a medio construir. Está situada en una hacienda a las afueras de Piedras Negras, una ciudad fronteriza con Estados Unidos que debe su nombre a los yacimientos de carbón y su fama a la violencia y al tráfico de drogas y migrantes y armas.

Los Zetas, el grupo criminal fundado por exmilitares de élite del ejército mexicano que controlaba la zona hasta 2012, utilizó este predio como fosa común.
El grupo de élite de la policía estatal de Coahuila, creado para combatir al cartel, también lo ha usado para deshacerse de los cuerpos de sus propias víctimas, según testimonios de expolicías, vecinos de la hacienda y carpetas de investigación de la fiscalía del estado, entre ellas la de Billy.

Roberto, un exintegrante de este comando policial, cuenta en una entrevista que él y otros agentes mataron a un hombre a sangre fría en un retén en 2014 y que acabó enterrado bajo esta tierra para que las matanzas pasadas de Los Zetas camuflaran el asesinato presente de los policías.

“Eran dos malandrillos que traían un arma y sí traían droga, pero era para consumo de ellos. Al otro lo agarramos y lo pusimos a disposición. Y a ese que le disparamos (en el hombro), pues ya, a ese sí lo matamos”, dice Roberto, que pide guardar su identidad porque teme que los que un día fueron sus compañeros lo ejecuten.

Osvaldo Martínez y otros cuatro familiares de desaparecidos encuentran sobre el pasto seco jirones de tela, pilas, tierra removida, una zanja abierta. Algunos vecinos se acercan curiosos para preguntar qué hace un grupo de gente en la hacienda esta mañana de octubre de 2021; lo único que han presenciado en ella durante años son personas tirando cuerpos por la noche.

El caso de Billy es apenas una de las más de 100 denuncias de desaparición forzada atribuidas a este grupo que la abogada Ariana García del Bosque, asesora legal de muchas víctimas, ha presentado ante la fiscalía. Solo desde 2014, de acuerdo con el libro de gobierno de la zona norte de Coahuila —un registro del ministerio público— al que ha tenido acceso este periodista, hay al menos 256 casos abiertos contra la policía de élite: amenaza, robo, allanamiento, secuestro, desaparición y homicidio.

La historia oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico —que cumple 15 años con récord de militares en las calles y cerca de 400,000 asesinados— cuenta que en Coahuila se produjo uno de sus pocos éxitos: Los Zetas, señalados como el cartel más sanguinario de México, fueron derrotados por las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas una policía de élite con entrenamiento militar y varios exintegrantes del Ejército y la Marina en sus filas, que en aquel momento ya se había rebautizado como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).

Desde entonces, dicen las autoridades, ningún grupo del crimen organizado controla esta parte de la frontera. Cuando se ha pedido entrevista con ellas, la respuesta en todos los casos, a excepción de la comisión de búsqueda, ha sido el silencio.

“En Coahuila te pueden decir que no hay cartel. En Coahuila esos cabrones (los policías de élite) son el cartel”, dice Sebastián, que cuenta su pasado de cinco años con los GATE como una sucesión de tráfico de armas y drogas, enfrentamientos fingidos, escenas de crimen alteradas y extorsión, secuestro y tortura de los coyotes que cruzan migrantes a Estados Unidos.

Durante los últimos diez meses este periodista ha entrevistado a cuatro exintegrantes del GATE, 12 agentes que trabajaron en Piedras Negras desde 2008, algunos de ellos todavía en activo, exempleados de la fiscalía y la comisión de derechos humanos, abogados, familiares de víctimas de desaparición y ha tenido acceso a documentos oficiales, carpetas de investigación y la información de más de 100 solicitudes vía transparencia. Nombrar sin ser nombradas es la condición de casi todas las fuentes para hablar sobre el grupo de élite de la policía. Todas ellas lo llaman “cartel”.