MIGUEL ALVARADO

FOTO: CORTESÍA 

 ZACATECAS, ZAC.- Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF y Yaseth Hernández Huerta, coordinadora general del comité organizador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República por incumplir la suspensión definitiva de las corridas de toros durante la edición 2022 de la Fenaza, informó el abogado Jorge Rada Luévano. 

A finales del mes de agosto se dictó la suspensión definitiva del serial taurino de la Fenaza 2022 promovido por Colectivo Nacional Anticorrupción, Asociación Civil (Colecna, A. C.) cuyo representante legal es Jorge Rada.

Posteriormente, el pasado mes de septiembre, el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación pidió pruebas a los involucrados en la suspensión definitiva a las corridas de toros del serial de la Fenaza 2022, para que comprobaran que habían  acatado la medida, sin embargo, a consideración del juzgado, esto no fue acreditado.

Rada Luévano explicó que la determinación se dió luego de que Colecna presentara «un incidente de incumplimiento a la suspensión que resultó fundado… y en razón de ello la jueza (María Citlallic Vizcaya Zamudio) presentó una denuncia ante la FGR denunciando a la esposa del gobernador y a Yaseth Hernández  en calidad de autoridades dentro del juicio de amparo».

Aseguró que la FGR ya ha solicitado el expediente del juicio de amparo para constatar y hacer la indagatoria pertinente respecto a quienes son los responsables, e informó que este miércoles Colecna solicitó por escrito que se le reconozca como víctima dentro de la indagatoria.

Asimismo, lamentó que la  denuncia presentada por María Citlallic Vizcaya Zamudio, jueza segunda de Distrito en el estado de Zacatecas, omitía al gobernador, David Monreal Ávila, por lo que presentaron un escrito para solicitar a la jueza que se incluyera al gobernador, no obstante, la respuesta fue «que nos atengamos al acuerdo donde ella denuncia sólo a las dos autoridades mencionadas».

«La denuncia omitía flagrantemente al gobernador constitucional, en razón de que fue él quien asistió a rendir el informe justificado», dijo. 

Recordó que de acuerdo con el «artículo 262 fracción tercera de la Ley de Amparo,  las autoridades responsables en caso de incurrir en una desobediencia a una orden judicial, como es la suspensión definitiva, se hacen acreedores de tres a nueve años de prisión, inhabilitación de tres a nueve años en el servicio público y multa», por lo que de acuerdo con la  ley, quienes no acataron la suspensión deberían ser sancionados.