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LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.– El Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, aclaró que las versiones que vinculan a la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) con la desaparición y asesinato de jóvenes localizados en Tepezalá, Aguascalientes, provienen de cuentas en redes sociales asociadas a la delincuencia organizada.

Campaña de desinformación en redes

El Fiscal calificó el tema como «muy delicado» y explicó que los señalamientos contra los elementos estatales surgieron de un perfil no autentificado. De acuerdo con el análisis de inteligencia, dicha cuenta se encuentra vinculada a actividades y propaganda de un grupo delictivo que opera en la región.

«Es un tema muy delicado, lo dice un perfil que no está autentificado y se encuentra asociado a actividades criminales relacionadas con un grupo delictivo», puntualizó Camacho Osnaya ante los medios de comunicación.

Anomalías en los tiempos de publicación

Un dato clave revelado por el Fiscal es que la narrativa contra la corporación comenzó a circular incluso antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo de las víctimas.

Camacho Osnaya detalló que, mientras el hallazgo de los cuerpos ocurrió el 1 de mayo en la comunidad de Mesillas, Tepezalá, la publicación en redes sociales ya se había «detonado» desde la noche del 30 de abril. Esta anticipación sugiere una estrategia de manipulación mediática por parte de los grupos generadores de violencia para desprestigiar a las fuerzas de seguridad estatales.

Investigación abierta

Pese a la campaña de desprestigio detectada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos en coordinación con las autoridades de Aguascalientes. Hasta el momento, no existen indicios reales ni pruebas ministeriales que involucren a los elementos de la FRIZ en estos crímenes.

El titular de la Fiscalía reiteró que la institución no se guiará por especulaciones de redes sociales, especialmente cuando provienen de fuentes con intereses criminales, y que el actuar de la policía estatal se mantiene bajo revisión constante para garantizar el apego a la legalidad.