LA NOTA ZACATECAS

FOTO: CORTESÍA 

ZACATECAS, ZAC.- El alcalde del municipio de Villa García, Bárbaro Flores Lozano, será acreedor a una multa económica de 560 mil pesos, al haber ignorado siete requerimientos para alimentar la Plataforma Nacional de Acceso a la Información. 

Fabiola Torres Rodríguez, comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública (IZAI), informó que Flores Lozano «ha hecho caso omiso a varias solicitudes, a varios recursos, incluso en la verificación salió muy baja su calificación, al estar incumpliendo con las responsabilidades de transparencia que todos los municipios tienen». 

Expuso que a la brevedad serán notificadas las medidas de apremio correspondientes y que por cada omisión detectada la multa asciende a 13 mil 440 pesos de acuerdo con la ley; en el caso de Villa García se han acumulado recursos no atendidos que acumulan alrededor de 560 mil pesos por sanciones. 

Explicó que el presidente municipal es quien debe cubrir, con sus ingresos personales, el pago de las multas, ya que «es el representante legal del municipio y es su responsabilidad desde que inicia funciones el saber que tiene obligaciones de transparencia y que tiene que publicarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia y actualizarse cada tres meses». 

Afirmó que ya se ha tenido acercamiento con el primer edil y que incluso se les ha «ofertado capacitación para que vengan y poderlos apoyar tanto en lo tecnológico como en lo legal para cumpla con esa información»; sin embargo, no ha acudido. 

Asimismo, dijo que hay más municipios con multas, ya que no contestar una solicitud de información de la ciudadanía o no alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia luego de 15 días de una notificación por el hecho, los hace acreedores a las mismas. 

Los sancionados

Dentro de los ayuntamientos sancionados se encuentran Sain Alto, Luis Moya, Apozol, Apulco, Florencia de Benito Juárez Villa González Ortega, Noria de Ángeles, Calera y Pinos; sin embargo, el mayor número de incumplimientos es de Villa García. 

Torres Rodríguez recalcó que la información pública es una obligación de las instituciones y un derecho ciudadano, «porque cuando el ciudadano pregunta y se le niega una información está fallando la autoridad y lamentablemente hasta que llega la multa que se conviene un crédito fiscal vienen a buscarnos”.

Recalcó que la multa es ineludible, por lo que ya no existen recursos legales que permitan a los ediles sancionados evadir el pago de las multas.