​TEXTO Y FOTO:  LNZ

​ZACATECAS, ZAC. – La comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, ante la LXV Legislatura, no fue un simple desfile de cifras. Fue un careo entre dos visiones del estado: la de la estrategia institucional que presume haber sacado a Zacatecas del sótano de la violencia homicida, y la de las bancadas que, entre curules, recordaron que la justicia aún no llega a las madres buscadoras, a las víctimas de acoso o a quienes temen denunciar por desconfianza.

​El discurso de la pacificación

​Desde la tribuna, Camacho Osnaya defendió con firmeza los resultados del último año. Flanqueado por representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial —Rodrigo Reyes Mugüerza y Carlos Villegas Márquez—, el Fiscal lanzó la frase que definió su postura: Zacatecas es hoy el estado con mayor progreso en la reducción de la violencia homicida en todo el país.

​Según el funcionario, este avance no es obra de la casualidad, sino de una «articulación institucional» que finalmente ha logrado conectar los laboratorios de servicios periciales con el trabajo de campo de la Policía de Investigación y la estrategia de los ministerios públicos. 

Para la Fiscalía, la reducción de la percepción de inseguridad en focos rojos como Fresnillo y la capital es la prueba tangible de que el modelo de coordinación está funcionando.

​El choque con la realidad

​Sin embargo, el tono optimista del Informe encontró muros de escepticismo en los grupos parlamentarios. La diputada Renata Libertad Ávila (PT) fue punzante al señalar la «distancia» entre lo que se reporta en el papel y lo que el ciudadano siente al salir a la calle. Su cuestionamiento tocó una fibra moderna y preocupante: la falta de herramientas para perseguir delitos cometidos con inteligencia artificial y la persistencia del hostigamiento sexual dentro de las propias instituciones públicas.

​Por su parte, el PRI, en voz de Carlos Peña Badillo, lanzó una advertencia clara: los resultados no deben ser un distractor. Mientras el Fiscal hablaba de indicadores nacionales, el legislador recordó la «realidad de las madres buscadoras» y de las víctimas que aún no obtienen respuesta. En un año que precede al proceso electoral de 2027, el llamado fue a no bajar la guardia ni permitir que la política empañe la imparcialidad de la justicia.

​Entre carencias y nuevos delitos

​La oposición también puso el dedo en la llaga sobre la operatividad interna. Desde el PRD, Eleuterio Ramos Leal puso rostro a la precariedad: no habrá mejores resultados si el personal de la Fiscalía sigue trabajando sin el equipo adecuado o con salarios que no dignifican su labor. El diputado cuestionó lo que el ciudadano común padece a diario: el enorme tiempo que transcurre entre poner una denuncia y ver el caso judicializado.

​Incluso en las voces más conciliadoras, como las de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, hubo matices de exigencia. Si bien el PAN reconoció una mayor capacidad de respuesta, alertó sobre el repunte de delitos silenciosos pero devastadores como el fraude y el abandono familiar. En tanto, la bancada naranja puso el foco en los grupos vulnerables —niños, adultos mayores y migrantes—, exigiendo que la severidad de la ley no se detenga ante la impunidad.

​El cierre: un voto de confianza con condiciones

​El bloque oficialista, representado por Morena y el PVEM, cerró filas en torno a la estrategia de pacificación, asegurando que la reducción de delitos de alto impacto es el primer paso indispensable para recuperar el Estado de Derecho.

​La comparecencia concluyó con una promesa de coadyuvar por un mejor presupuesto para el 2027, pero con una lista de tareas pendientes que el Fiscal se llevó bajo el brazo: humanizar la atención a las víctimas y cerrar la brecha entre la estadística exitosa y la justicia que se vive -o se padece- en las colonias y comunidades de Zacatecas.