LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.- La Coordinación General Jurídica presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de los hechos que la ley describe como delitos de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de obstrucción, debido a los hechos suscitados la semana pasada.

En un comunicado de la Secretaría General de Gobierno se informó también que se determinó realizar dos acciones prioritarias: 1) instalar un operativo que evite el bloqueo arbitrario de las principales vías de comunicación, y 2) continuar haciendo uso de los instrumentos legales contemplados en la ley para sancionar a quienes continúen obstruyéndolas de manera intransigente.

El Gobierno del Estado justifica su proceder debido al «inicio del ciclo escolar y dada nuestra responsabilidad de asegurar que los derechos de terceros –familias, profesionistas, estudiantes, trabajadores y todo el pueblo de Zacatecas– no sean vulnerados, hemos decidido llevar a cabo dos acciones prioritarias».

Las acciones legales, reza en el comunicado, son porque «las propuestas planteadas en diversas mesas de diálogo para aumentar el salario de las y los trabajadores con menores percepciones de la Fiscalía fueron rechazadas tajantemente por las y los representantes de quienes realizan estas protestas, hemos decidido iniciar acciones legales en contra de aquellas personas que han obstruido arbitrariamente las vías de comunicación».

También se acusó a algunos trabajadores y trabajadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de mantener «paralizadas las actividades y la toma de instalaciones por espacio de dos meses».

En el documento emitido por la Secretaría General de Gobierno se asegura que estas acciones «han generado afectaciones graves al proceso de procuración de justicia y cuando la radicalización de su protesta ha afectado la cotidianidad de las y los zacatecanos al bloquear arbitrariamente las arterias principales del área metropolitana, violando con ello el derecho al libre tránsito de las y los ciudadanos, y vulnerando servicios primordiales como son la salud y la seguridad pública».

También se manifestó en el documento que el Gobierno del Estado «ha intentado dialogar para evitar que se afecte la vida diaria y la economía de las familias zacatecanas», además de que quieren evitar «que el orden público siga siendo vulnerado».