FRANCO VALDEZ

FOTO: CORTESÍA

ZACATECAS, ZAC.- Las condiciones del transporte público, la búsqueda de personas desaparecidas, el regreso de comunidades desplazadas y el aumento de policías asesinados, fueron los principales cuestionamientos que diputados locales realizaron a la secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, durante su comparecencia ante la 64 Legislatura del Estado de Zacatecas.

De igual forma, algunos diputados de oposición consideraron que la Secretaría General de Gobierno (SGG) no logró resultados notables y se ha caracterizado por “una injerencia indebida de una funcionaria federal (Verónica Díaz Robles)”, de acuerdo con el diputado Enrique Laviada Cirerol.

Durante su comparecencia, la secretaría resaltó algunos logros como el incremento del 316% en el presupuesto a la Comisión Local de Búsqueda, el apoyo a 482 familias y la realización de 55 búsquedas.

Agregó que la Comisión Local de Búsqueda ejerció en 2021 un recurso de 18.2 millones de pesos (mdp) para la compra de vehículos, tecnología y capacitaciones; para el año 2022, se incrementó el recurso a 18 millones 868 mil 175 pesos.

Asimismo, se realizó una firma de convenio entre el gobierno de Zacatecas y el Fondo de la Población de la ONU, para fortalecer un mecanismo extraordinario para la identificación forense.

Por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, se ha brindado apoyo a personas con discapacidad, adolescentes e infantes por el orden de los 2 millones 687 mil 815 pesos.

De igual forma, se brindaron 3 mil 018 servicios de primer contacto, así como asesorías y representación jurídica para 3 mil 476 víctimas; 1 mil 222 atenciones sobre protocolos familiares de personas desaparecidas, tales como canalizaciones, protocolo Alba, reportes, asesoría jurídica y análisis de contexto.

Atenciones

Añadió que la SGG atendió a 53 asociaciones civiles, beneficiando a 8 mil personas; se estableció una agenda municipal para identificar de manera coordinada posibles conflictos y demandas sociales.

Comunidades desplazadas
Pinedo Morales informó que con la participación de dependencias federales, estatales, del Ejército y Guardia Nacional intervino en comunidades como Monte de los García, Villahermosa, Ciénega, Cieneguita de los Fernández, Guadalupe Victoria, Ordoñez, Sauz de los García de Abajo, Sauz de los García de Arriba, Juana González, San Antonio de Ordoñez, Palmas Altas, Sarabia, Piedras y Poleo.

Posteriormente, aseguró, se apoyó a las familias afectadas, con la reparación de 247 viviendas de un total de 500, se instalaron 136 nuevas luminarias, además de la limpieza de calles, plazas públicas y el despeje de caminos.

Cuestionamientos

Un tema constante fue la seguridad en el estado, abarcando varios puntos y cuestionamientos relacionados al desplazamiento de comunidades principalmente de Jerez, y la acción tardía de la actual administración; al igual que el asesinato a policías y políticas públicas relacionadas a la prevención del delito.

El diputado Sergio Ortega Rodríguez solicitó a la secretaria dar a conocer la situación en la que se encuentran los familiares de personas desaparecidas; en respuesta, Pinedo Morales resaltó el aumento del presupuesto de la Comisión Local de Víctimas y las atenciones que se han brindado; asimismo, las acciones brindadas por la a Comisión Estatal de Búsqueda, incluyendo las tres búsquedas que se hacen semanalmente.

Sin embargo, reconoció que se tiene una deuda con «la identificación forense”, por lo que Zacatecas será uno de los primeros estados en firmar un convenio para obtener un mecanismo extraordinario de identificación forense y que por medio de la Fiscalía General de Justicia del Estado se traduzca en una respuesta a las familias de personas desaparecidas.

Por su parte, María del Refugio Ávalos Márquez reprochó que en los informes oficiales se presenten “cifras infladas”, en los apoyos a familias desplazadas de Jerez respecto al mejoramiento de viviendas y el apoyo de semillas de avena.

La diputada Maribel Galván solicitó a la secretaría explicar a profundidad la estrategia para el regreso de las comunidades desplazadas a sus lugares de origen. Por otro lado, el diputado José Juan Estrada Hernández cuestionó la inclinación de apoyos a las comunidades de Jerez y no a las de Valparaíso, donde estimó, hay más de 145 familias desplazadas en aquella demarcación.

En respuesta, consideró que en Valparaíso “no hay un desplazamiento total”, y a pesar de que se han tenido reuniones, no se ha concretado una interlocución con delegados municipales, a pesar de que el director de la policía municipal se encuentra desaparecido.

El legislador Jehú Salas cuestionó a fondo los programas y el recurso empleado por la SGG para la prevención social del delito.

En este sentido, informó que el monto asignado fue de 238 mil 500 pesos, cantidad que ya está comprometida y en trámite de ejecución; resaltó programas en municipios, políticas públicas de transversalidad, y por medio de la administración pública, mediante diferentes dependencias con enfoques propios a su competencia.

Por su parte, el diputado Herminio Briones cuestionó sobre la falta de policías municipales y la coordinación de Zacatecas con estados vecinos para elaborar estrategias de seguridad.

En este tenor, Pinedo Morales informó que en la Mesa de Construcción de Paz se han buscado mecanismos que permitan cubrir el rezago de policías municipales; sin embargo, no ha habido condiciones, ya que en algunos municipios “la gente no quiere pertenecer a las corporaciones”.

Por otro lado, aseguró que se han firmado convenios en materia de seguridad con estados colindantes como Durango, y hay gestiones con Aguascalientes y Jalisco, para elaborar una reunión interestatal y “definir los puntos comunes”.

Cerrazón institucional

Varios diputados reprocharon a la titular de la SGG, la cerrazón que existe por parte del Gobierno del Estado con la Legislatura Local y la falta de diálogo con algunos sectores de la población como el magisterio, los colectivos feministas, familias de personas desaparecidas y con algunos presidentes municipales.

Por su parte, el diputado José Juan Estrada Hernández denunció públicamente las prohibiciones hacia trabajadores de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) para que hablen con él, de lo contrario serán despedidos, aunado a ello, denunció la falta de atención por parte de la Coordinación General Jurídica, cuyo representante alega “no tener permitido atenderlo”; a esta denuncia se sumó el diputado Xerardo Ramírez, quien consideró que solo los diputados del contentillo del mandatario estatal son atendidos.

“Ofrezco una disculpa si algún trabajador le dio ese mensaje, es incorrecto, no ha sido la política del gobernador, ofrezco ser interlocutora con las instancias y el conducto de gestiones de otros diputados, recibo queja y tomo nota de ella”, respondió la secretaria.

Las diputadas Priscila Benitez y Gabriela Basurto reconocieron el trabajo de la secretaria; sin embargo, coincidieron en que no ha podido lograr más resultados “debido a que no la dejan trabajar”, al señalamiento se sumó el diputado Laviada Cirerol, quien señaló a Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo, por ser la encargada de la toma de decisiones.

Transporte

Finalmente, la secretaria fue cuestionada sobre “los taxis piratas y los permisos experimentales” en cuanto a las concesiones de transporte público, por lo que se busca generar mecanismos que permitan que “nunca se vuelva a dar la posibilidad de malos manejos desde la subsecretaría y que el usuario se exponga a un servicio irregular”, dijo.

Además, informó que las unidades que fueron detenidas por tener una concesión irregular no podrán ser utilizadas hasta que se resuelva de manera legal la situación, o en determinado caso se brinden nuevas concesiones.

La glosa con motivo del Primer Informe de Resultados del gobernador David Monreal Ávila se llevó a cabo sin la necesidad de una segunda ronda de cuestionamientos. En el desarrollo, algunos diputados solicitaron a la mesa directiva moción de orden, ya que algunos funcionarios de galerías aplaudían después de la intervención de la secretaria.

“No es un concierto, es un acto institucional”, dijo el diputado Enrique Laviada. Otra de las inconformidades de diputados fue la intolerancia en la participación del bloque de oposición.