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Infame, trato de policías a personas privadas de su libertad
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Infame, trato de policías a personas privadas de su libertad

PATRICIA SÁNCHEZ 

FOTO: CORTESÍA 

ZACATECAS, ZAC.- En México se ha vuelto común el uso de la tortura en personas detenidas para obtener cierta información y/o “confesiones”; se aplica desde la detención hasta las puestas a disposición ante el Ministerio Público. 

 

De acuerdo con la  Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Inegi, en Zacatecas el 60% de las personas privadas de su libertad (PPL) señalaron que la policía recurrió al uso de la fuerza física para someterlos al momento de su detención.

 

Posterior a la detención, un 33.5% recibió amenazas de recibir daños por parte de los uniformados y 36.3% sufrió agresiones físicas como patadas o puñetazos, mientras que un 21.7% fue golpeado con objetos.

 

El país se rige bajo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desde junio de 2017, por lo cual el delito de tortura es competencia de la Federación.

De carácter federal 

En el marco por el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Maribel Galván Jiménez, presidenta de la Comisión de Justicia al interior de la 64 Legislatura local, informó que al ser un instrumento de carácter federal, todas las autoridades independientemente del grado de su categoría, municipal, estatal o federal están obligadas a observar y respetar esta norma.

 

En la parte de la investigación, son autoridades como las fiscalías, y para la sanción, los encargados del asunto son órganos jurisdiccionales; el Poder Ejecutivo es el que debe realizar campañas de prevención, así como la atención a las víctimas.

 

“Es un delito federal, por lo tanto la pena es especialmente rigurosa y está dirigida específicamente a los servidores públicos que realizan tratos infamantes a las víctimas”, explicó. La pena para el delito de tortura es de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa para el servidor público; en otros, incrementa la sanción.