Patricia Sánchez

ZACATECAS, ZAC.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) acudirá durante este mes a Zacatecas para dar a conocer el dictamen de los primeros tres años de la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

De acuerdo con María Luisa Sosa de la Torre, representante de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, el dictamen trae nuevas medidas que deberán ser aplicadas y rediseñadas, mismas que requerirán de presupuesto que no se tiene, debido a los ajustes para este ejercicio fiscal que hizo el gobierno estatal.

Peligra atención a víctimas de violencia 

De la Torre Sosa expuso que las víctimas de violencia están en la posibilidad de no tener acceso a la justicia debido al recorte en los distintos órganos, así como la reducción importante para atención integral a víctimas, ya que en este año solamente dispondrán de 3 millones de pesos.

Destacó que de los 32 mil millones de pesos que tendrá Zacatecas en este año, únicamente 48 millones de pesos se destinaron a transversalidades, en cuanto a la Secretaría de las Mujeres (Semujer) se le redujo el presupuesto en casi 30 millones.

“Evidentemente otro tema que está desaparecido es el recurso para la atención a la violencia en contra de las mujeres a través de la operación del sistema estatal, la atención en el refugio, los centros de atención a la violencia y la misma secretaría, se vincula a la reducción que hay en la FGJEZ y el TSJEZ”, lamentó.

Por ello, la red presentó una contrapropuesta, es decir, «les propusimos reducir en la oficina del gobernador, que es un staff y no tiene operatividad hacia fuera, vimos que hay etiquetados 27 millones de pesos para apoyos directos del gobernador, mientras que para atención a víctimas sólo hay 3, les propusimos, reducir ahí 17 millones de pesos”.

La red propone incrementar recursos para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con el fin de que abran la maestría en Estudios de Género, asimismo propusieron incrementar recursos para el SEDIF porque es el órgano encargado de educar a las personas agresoras según la Ley.