Texto y foto: Patricia Sánchez 

ZACATECAS, ZAC.- Por su ubicación geográfica Valparaíso se ha convertido en una zona de disputa entre dos cárteles delictivos de la entidad, generando que actualmente 150 familias, casi 500 personas hayan abandonado sus casas, trabajos y ganado para salvaguardar su integridad.

El presidente de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, informó que desde hace dos años los habitantes de dicha demarcación han sido testigos y víctimas de prolongados enfrentamientos, secuestros, robos, abigeato, amenazas, homicidios, desaparición forzada, lesiones, migración y desplazamiento forzado.

“Hemos vivido en Valparaíso la peor etapa del México moderno, en los últimos meses
está en la franja de disputa ha traído como consecuencia la invasión del territorio municipal, por regiones, por civiles armados en campamentos próximos a asentamientos humanos con contras a menos de 1 kilómetro exponiendo la integridad personal o su vida”

El alcalde relató casos extremos donde los grupos delincuenciales vigilan las entradas y salidas de las comunidades con el fin de evitar la salida de los habitantes, cuya situación genera desabasto de insumos como alimentos.

“Hay comunidades donde la expresión categórica es de dos horas para dejar la comunidad y hay casos contrarios donde les han impedido salir de su territorio por semanas completas
las pocas familias han sido forzadas a preparar alimentos a servir de mandaderos y llevar y traer lo que los grupos delincuenciales requieren”

Ramos Leal contó que un adulto mayor de 79 años estaba en busca de su burro en los límites de Jerez y Valparaíso y terminó dando con un campamento de civiles armados quienes le indicaron que debía cargar su burro con armas y municipios y llevarlo tres campamentos adelante -el territorio que recorrió era un grupo antagónico-, posteriormente fue golpeado y amenazado para que no revelara la ubicación de los campamentos que presenció.

La presencia de civiles armados en las comunidades rurales y la cabecera municipal implica que sus integrantes se relacionen con la población para obtener servicios como agua potable, para utilizar la red de internet, etcétera, las relaciones no son opcionales sino forzosas, además implican un riesgo para los ciudadanos pues una vez que otro bando delictivo llega al municipio “sanciona” a quienes se hayan relacionado con el grupo anterior.

Lo anterior fue dado a conocer dentro del primer foro de violencia, desplazamiento forzado y migración, organizado por el diputado migrante José Juan Estrada Hernández, con la participación de autoridades, sociedad civil y académicos.

Javier Contreras Díaz, en representación del doctor Rodolfo García Zamora, compartió que la crisis actual tiene tres fases, la económica, la social y la ética y moral, en la cual nos encontramos la sociedad zacatecana.

“La violencia no se extingue, así como el consumo de drogas no se desaparece, la pobreza no se elimina, se administra y se regula, tenemos que buscar formas de regular los consumos, de sancionar y de inhibir la violencia en cualquiera de sus formas”

Abonó al tema el docente Miguel Moctezuma, quien refirió que el fenómeno de desplazamiento forzado ha ocurrido debido a la ausencia del estado de derecho y al pánico colectivo de los ciudadanos.

“Miedo por lo sucedido y pánico por lo que está por suceder ante la indiferencia gubernamental, lo digo de esta manera porque el estado de alguna manera ha renunciado a parte de sus funciones, esto abarca desplazamientos comunitarios por la megaminería no solamente son los grupos de la delincuencia organizada también son las grandes transnacionales mineras”

El académico reconoció que el Gobierno Estatal ha minimizado las percepciones de los ciudadanos, señalando que ‘el desplazamiento es mínimo’ y que ‘los periodistas son responsables de la violencia’.