TEXTO Y FOTO:
LA NOTA ZACATECAS
​CIUDAD DE MÉXICO.-  La transición hacia el nuevo modelo de transparencia en México está marcada por la incertidumbre jurídica y la fragmentación, Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, advirtió que el proceso de extinción de los órganos garantes locales no sigue una ruta homogénea, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión informativa.

​“Estamos frente a un mapa nacional fragmentado, donde cada estado ha interpretado la transición a su manera, sin reglas claras y sin una visión común para garantizar derechos”, afirmó Del Río Venegas.

Zacatecas: extinción sin sustituto

​El caso de Zacatecas destaca como uno de los más preocupantes. A pesar de haber extinguido su órgano garante desde junio de 2025, la entidad aún no cuenta con un órgano desconcentrado que asuma formalmente las funciones de transparencia y protección de datos personales, lo que genera un vacío institucional que afecta directamente a los zacatecanos.

​

Un mapa de desigualdad institucional

​Del Río Venegas detalló que, aunque 19 estados han cerrado formalmente sus institutos, la respuesta ha sido dispar:

​Los «sustitutos» débiles

En Aguascalientes (pionero en la extinción), Colima, Baja California Sur y Morelos, las funciones pasaron a Contralorías estatales, careciendo de presupuesto propio y autonomía técnica.

​Vacíos normativos

 En Jalisco, el cierre se dio en noviembre de 2025 sin leyes secundarias, mientras que en la Ciudad de México el instituto está «congelado» jurídicamente por falta de quórum.

Esquemas heterogéneos

Solo estados como Coahuila, Veracruz, Puebla y Quintana Roo (entre otros 8) han puesto en marcha órganos desconcentrados, pero bajo modelos tan distintos que rompen con el espíritu de la Ley General.

​“Cuando la transparencia se traslada a áreas administrativas sin autonomía ni especialización, el derecho se debilita y se convierte en un simple trámite, no en una garantía ciudadana”, señaló la especialista.

​Riesgos inminentes

​La falta de definición institucional no es un tema burocrático, sino de derechos humanos. Según la excomisionada, esta desorganización tiene tres consecuencias directas: ​incertidumbre jurídica para quienes solicitan información;

​debilitamiento en la resolución de recursos de revisión y ​pérdida de confianza ciudadana en las instituciones

​“El problema no es solo la desaparición de los institutos, sino la ausencia de una transición ordenada. Mientras no existan reglas claras y autonomía técnica, los derechos de los mexicanos seguirán en pausa”, concluyó Julieta del Río.