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ZACATECAS, ZAC.- La implementación de la reforma al Poder Judicial en Zacatecas tuvo un costo significativo. Según el análisis “Lo que costó y seguirá costando la reforma judicial en los estados” de Susana Camacho para México Evalúa, la elección de jueces y magistrados en la entidad generó un gasto de 67 millones de pesos.

​Este proceso electoral extraordinario, que tuvo lugar a mediados de 2025, se centró en la renovación de 47 cargos judiciales: 36 jueces y 11 magistrados. Esta cifra representa aproximadamente el 33% del total de la judicatura local en Zacatecas.

​Al dividir el presupuesto asignado por el número de puestos votados, el estudio de México Evalúa revela que cada cargo judicial electo en Zacatecas tuvo un costo de 1 millón 425 mil 531 pesos.

​Aunque esta cifra por cargo es inferior al promedio de $2.4 millones detectado por la organización en otras entidades federativas, México Evalúa subraya que la inversión global es desproporcionada, especialmente si se considera la baja participación ciudadana y las dudas sobre la calidad de la competencia que caracterizaron estos procesos a nivel nacional.

La analista Camacho advierte que esta millonaria inversión debe evaluarse contra los resultados, pues los estados que participaron en esta primera ronda sentaron un precedente costoso. 

El análisis sugiere que si la tendencia continúa, los gastos en la siguiente ola de elecciones judiciales en 2027 podrían dispararse, pudiendo incluso triplicarse.

​Justicia local

​El informe enfatiza que la justicia local —aquella que atiende los delitos del fuero común, divorcios, herencias y conflictos vecinales— es el primer punto de contacto de la ciudadanía con el sistema judicial.

​Para Zacatecas, una entidad que ha sido señalada por la misma organización por sus altas tasas de impunidad y los desafíos en su Sistema de Justicia Penal, la elección de 47 funcionarios judiciales (casi una tercera parte de su personal clave) es crucial.​El alto costo de la elección judicial, sumado a las preocupaciones sobre el origen y la capacitación de los candidatos, plantea un riesgo para el estado: se gasta una cantidad considerable de recursos para reformar la judicatura sin la garantía de mejorar la eficacia del sistema ni la confianza ciudadana en la impartición de justicia.