Carlos Peña exige al Gobierno atender crisis agrícola

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LA NOTA ZACATECAS
ZACATECAS, ZAC.- El dirigente estatal del PRI criticó la «omisión y negligencia» ante los plantones de productores de frijol; señala que el precio de garantía de 27 pesos prometido por la Federación no se cumple.
Ante el caos vial que ha paralizado la zona metropolitana de la capital durante las últimas 48 horas, el presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, lanzó un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para que dejen de ser «omisos e ingratos» ante las demandas de los productores agrícolas que mantienen tomadas las principales vías de comunicación.
Peña Badillo señaló que las marchas y plantones en el boulevard son consecuencia directa de promesas incumplidas por parte del Gobierno, afectando no solo a los campesinos, sino a miles de ciudadanos que no han podido llegar a sus empleos, escuelas o citas médicas.
Promesas contra realidad
El dirigente priista recordó que, desde octubre pasado, el Ejecutivo estatal se comprometió en Palacio de Gobierno a abrir 52 centros de acopio de manera inmediata, una acción que a la fecha no se ha concretado.
Asimismo, denunció una brecha alarmante en los precios de comercialización.
Promesa Federal
La presidenta Claudia Sheinbaum comprometió un precio de garantía de 27 pesos por kilo.
Realidad en campo
Actualmente, el frijol se está pagando a apenas 6 pesos el kilo.
Con 6 pesos, los productores zacatecanos no cubren ni siquiera el costo de un litro de diésel para sus labores.
Además de la crisis en los precios, Peña Badillo denunció la escasez de insumos básicos, señalando que los productores padecen incluso la falta de costales para su cosecha.
»Ya es tiempo que las autoridades piensen en la gente. Los ciudadanos están hartos de las marchas, pero los productores reclaman lo que se les prometió. Gobernar no es solo hablar, es cumplir compromisos», subrayó el líder del tricolor en el estado.
El PRI Zacatecas exigió un trato digno para el sector agropecuario y una solución inmediata que libere las vialidades, garantizando que el siguiente ciclo agrícola cuente con el respaldo institucional necesario para evitar el colapso de la economía regional.
