TEXTO Y FOTO: FRANCO VALDEZ

ZACATECAS, ZAC.- Con cuestionamientos sobre el pago de pensiones y aguinaldo para trabajadores; sobre los «responsables del saqueo al instituto», la urgencia de una reforma a la ley, y reproches por una falta de estrategia para combatir la «quiebra técnica», se llevó a cabo la comparecencia de Ignacio Sánchez González, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

Los diputados Enrique Laviada, Xerardo Ramírez y Karla Valdez, se enfocaron en cuestionar al funcionario sobre el pago de las pensiones. En este contexto, el director informó que de 4 mil 497 pensionados, 2 mil 520 presentaron amparos para que se les sea pagado el aguinaldo, y a la fecha únicamente se han pagado a 132 personas, para lo cual se destinaron 6.4 millones de pesos.

«Estamos en una línea tan delgada, con la insolvencia se destruye el derecho, sabemos muy bien las sanciones por desacato», por ello, aseguró que cualquier orden del juez será atendida, y en llegado caso de que el instituto no tenga recurso, «se le demostrará con el estado de cuenta del Issstezac». 

El funcionario agregó que hay 19 mil 831 trabajadores en activo y 4 mil 885 pensionados; para poder pagar la pensión de una persona es necesaria la aportación de cuatro trabajadores en activo, informó el funcionario. Por otro lado, informó que hay 43 inmuebles que integran la reserva técnica del instituto, de los cuales, 18 no tienen escrituras y en cinco se llevaron a cabo subastas que fueron declaradas desiertas. 

Por su parte, el diputado Enrique Laviada Cirerol consideró necesario tener una política interior para solucionar los problemas en el instituto, reprochó además que no «existe claridad sobre los responsables en los temas de corrupción y la falta de acción» en contra de ellos.

En respuesta, Sánchez González aseguró dijo: «No soy Ministerio Público» y recordó que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE) realizó el análisis del instituto en los últimos 10 años, encontrando 139 acciones a promover, 62 fueron recomendaciones y 63 fincamiento de responsabilidades.

Laviada Cirerol informó que los legisladores tienen la intención de convocar a un parlamento abierto para conocer a los responsables del desfalco en el Issstezac.

Por su parte, el diputado Ernesto González Romo cuestionó sobre las pensiones que exceden los 50 mil pesos y si son irregulares; además, de posibles «privilegios» como cortesías en establecimientos del instituto o dinero para campañas electorales. 

En respuesta, el funcionario informó que son 111 las pensiones superiores a los 50 mil pesos, las cuales se han pagado mediante la aplicación de 84 millones de pesos, estas pensiones representan el 2.5% del total. Reconoció que se han dejado de pagar cuatro pensiones debido a que «no han sido reclamadas». 

La diputada Gabriela Basurto consideró que el gobernador David Monreal Ávila «es a quien no le interesa el Issstezac», reprochó además que a un año de administración, no exista una estrategia clara y no apoye económicamente al instituto y sus trabajadores. En el mismo tenor, el diputado Laviada consideró que el actual gobernador «no ha querido entender que el tema del Issstezac no es solamente técnico financiero, sino social». 

El funcionario respondió que se pretende dar viabilidad financiera al instituto a mediano plazo, pero es necesaria la creación de una nueva ley, la cual deberá ser aprobada por el Poder Legislativo; no obstante, el diputado Xerardo Ramírez reprochó que a la fecha no ha llegado a la legislatura alguna propuesta por parte del instituto o su Junta Directiva: «Esa es su chamba, ¿o también van a querer que nosotros vayamos a hacerla?», dijo el legislador. 

En tribuna, la diputada Refugio Ávalos consideró que el director Ignacio Sánchez «detonó la bomba en el Issstezac», en el momento de detener el pago de pensiones y aguinaldo; además, exigió al funcionario los nombres de quienes se les hizo un fincamiento de responsabilidades, y cuántos de ellos son resarcitorios. 

Comparecencia

Durante la comparecencia, el funcionario informó que al inicio de la actual administración el instituto tenía 808 trabajadores, y mediante la política pública «Plaza que queda vacante, plaza que se cancela», ya no se realizaron nuevas contrataciones y se redujo la plantilla laboral a 711 trabajadores, de los cuales, tres cuartas partes son sindicalizados. 

Sánchez González realizó una comparación entre las pensiones máximas que da el Issste federal y el Issstezac; en este sentido, informó que de acuerdo con el artículo 17, la ley del Issste se tiene un tope máximo de 28 mil 866 pesos, mientras que en Zacatecas, el monto máximo a alcanzar es de 131 mil 381 pesos. 

Aunado a ello, el director informó que los derechohabientes del Issstezac reciben doble pensión tanto del Issstezac como del IMSS.

El funcionario informó que al inicio de la administración, el instituto presentaba adeudos por más de  491.3 millones de pesos,de los cuales 456.5 millones de pesos eran para su pago inmediato; además de este pasivo, estaba pendiente el pago de nómina de pensionados del mes de septiembre de 2021 por 78.9 millones de pesos, de igual manera estaba pendiente el pago de los trabajadores del Issstezac correspondientes a las quincenas del mismo mes por 12.6 millones de pesos, y el dinero existente en bancos era de 86 millones de pesos.

El funcionario añadió que, en cuanto a devoluciones de cuotas a las personas que se retiraron del servicio antes de tener derecho a una pensión, se cubrieron 23.5 millones de pesos; de gastos de funeral y pólizas de defunción 828 mil pesos; de liquidaciones por término de relación laboral, con 86 personas de las 808 registradas se erogaron 12.8 millones de pesos.

El director informó que el único ente público que le debe al instituto por aportaciones patronales es el Colegio de Bachilleres, el cual,  de la primera quincena de noviembre de 2019 a la segunda quincena de agosto de 2022 le debe al Issstezac 297.3 millones de pesos. 

Dicho pago, reconoció, «es necesario para seguir pagando en particular las 169 pensiones de personas provenientes de dicho subsistema que significan un costo mensual por la cantidad de 4.6 millones de pesos».

Para este año, agregó, se tiene contemplado el otorgamiento de 936 posibles nuevas pensiones; de las cuales ya fueron aprobadas 424; al mes de agosto se tenían 305 solicitudes dictaminadas y en proceso, que implicaría sumar 3.1 millones de pesos mensuales a la nómina de 87.9 millones de pesos que ya se paga mensualmente. 

En este tenor, el funcionario reconoció que el instituto «no tiene margen de maniobra, sigue aumentando su deuda interna y no tiene la disponibilidad financiera para seguir aumentando la nómina de pensiones»; explicó que existen más de 2 mil 300 trabajadores que cumplen ya con los requisitos para solicitar una pensión, los cuales representan el 11.5% de la población de derechohabientes en activo; esto implicaría incrementar el 46.8%  el número actual de pensionados.