TEXTO Y FOTO: LNZ
ZACATECAS, ZAC.- El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco denunció que desde hace varias semanas las autoridades federales, estatales y municipales, han sostenido reuniones de manera opaca, excluyendo deliberadamente a la población e incluso a los regidores de los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete del Estado de Zacatecas. 

En un comunicado, Rema denunció que estas reuniones tienen como objetivo avanzar en la  imposición del proyecto presa Milpillas, coordinando estrategias para lograr  que la gente lo acepte, pese al rechazo expresado por las comunidades afectadas.

El movimiento está conformado por ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales; así como de las de las comunidades de Mezquite Blanco, Las Bocas, Carretas y habitantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teúl e integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) y del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

El pasado 15 de julio se realizó una reunión en el salón de Cabildo  de la presidencia municipal de Jiménez del Teúl, en el que estuvieron presentes: el presidente municial Daniel Cisneros Esparza; la regidora Joana Cristina Torres Gallegos; Víctor Manuel Reyes, director local de Conagua, Zacatecas;  Susana Rodríguez Márquez, secretaria del Agua y Medio Ambiente  (SAMA) y  Gloria López, también de SAMA.

También José Juan Rodríguez de la Procuraduría Agraria en Zacatecas; María Guadalupe Landeros (cuya dependencia se desconoce, aunque se presume que es federal); José Erasmo Duarte Argumedo de Desarrollo Social del Ayuntamiento; Iliana Herrera Muro, directora de Obras Públicas; Raquel Nava Guzmán, tesorera; María Guadalupe Argumedo Cisneros, secretaria de Gobierno del Ayuntamiento; el profesor Juan Miranda, director de Desarrollo Rural.

El tema a tratar, según los integrantes de la red, era concerniente a la Presa Milpillas. A esta reunión asistieron más autoridades que población, destacaron que en ningún momento se hizo una convocatoria pública. 

Ante la presencia de Rema, autoridades del municipio se mostraron sorprendidas y visiblemente molestas al ver que se presentaron en el lugar al notar presencia inusual de camionetas de la Policía Estatal. 

Hasta donde se tiene conocimiento, la reunión tuvo como propósito coordinar acciones entre distintas dependencias para diseñar estrategias de persuasión y control social, orientadas a legitimar la imposición del proyecto. 

Parte de estas estrategias incluyen realizar reuniones en las comunidades para convencerlas de aceptar un proyecto que ha sido rechazado por las comunidades directamente afectadas.

Para Rema es claro que estas reuniones son una simulación. El hecho de no convocar  y no invitar a la población en general, tiene la finalidad de invisibilizar el rechazo que, como comunidades afectadas, hemos denunciado en múltiples ocasiones. El proyecto Milpillas resulta inviable a todas luces y representa claras violaciones a nuestros derechos humanos y agrarios. 

Una muestra de esta simulación, son las reuniones que intentan mostrar públicamente una supuesta aceptación social y que no hay oposición, pero es claro que “llevamos ya casi 10 años luchando contra este proyecto y gracias a esto hemos demostrado que el proyecto no resuelve la problemática de escasez de agua que se plantea para la zona conurbada del estado de Zacatecas”. 

Consecuencias de la presa Milpillas

La presa Milpillas agravará el estrés hídrico, que ya padecemos, dijeron, aumentará la emisión de gases de efecto invernadero y destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca, y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia todas las poblaciones que habitamos en ella.

Por lo que resulta inadmisible, y vergonsozo, el gasto de recursos públicos para continuar tratando de engañar a la opinión pública.

Los pobladores se niegan a convertirse en otra zona más de sacrificio, de esas tantas que ya hay en este país, que finalmente son comunidades, no pobres, sino condenadas a un modelo de desarrollo que  empobrece.

Apoyo condicionado

Denunciamos públicamente también que varias dependencias de gobierno están visitando las comunidades para ofrecer apoyos condicionados, como despensas o reparación de carreteras, tuberías de agua para todas las casas, electricidad, implementando estrategias para que acepten el proyecto de la presa Milpillas.

Por lo que para Rema esto es un claro ejemplo de coacción, y un proyecto en el que la aprobación social la obtienen bajo coacción, es un proyecto ilegal. 

Señalan tajantemente que los apoyos condicionados son corrupción,  además de que es obligación de los gobiernos apoyar a la población, pues para eso son los impuestos que se pagan y perciben un salario. 

Reiteraron que no quieren políticos que dicen estar del lado del pueblo, pero que en los hechos están en contra. 

Están demostrando ser un gobierno que se alinea con los intereses empresariales -mineras, cerveceras e industrias que mercantilizan y privatizan el agua- y que, en nombre del supuesto progreso y desarrollo, genera graves afectaciones ambientales, sociales y económicas en las comunidades y núcleos de población más vulnerados.

Reiteran rechazo 

Por lo que expusieron su rechazo a este proyecto y solicitaron que respeten su libre determinación que es un derecho y que está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que nuestro país ha firmado y debe cumplir.