FRANCO VALDEZ 

FOTO: CORTESÍA 

ZACATECAS, ZAC.- Durante el informe de actividades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en el periodo de 2022, su titular Francisco Murillo Ruiseco resaltó las acciones en sentencias por homicidios y la disminución de secuestros; sin embargo, reconoció problemáticas en la desaparición forzada de personas, la detención de menores de edad por delitos de alto impacto; el consumo de drogas en secundarias; así como la insuficiencia presupuestal y de tecnología en la Fiscalía.

Al inicio de la comparecencia, Murillo Ruiseco reconoció que algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la FGJEZ son la falta de recursos, la necesidad de concluir procesos penales, la carencia de tecnología y el insuficiente despliegue de elementos del Ministerio Público y policías en el estado.  

El informe se basó en siete apartados: Objetivos estratégicos, Resultados institucionales, Persecución penal estratégica, Profesionalización, Gestión administrativa, Transparencia, Cultura de la denuncia y Agenda institucional permanente. En él se tienen 20 escudos distintivos de cero impunidad, con diversas temáticas. En este sentido, detalló que se recibieron 2 mil 685 denuncias que fueron canalizadas al Centro de Justicia Alternativa, con 2 mil 700 acuerdos.

Los fiscales del Ministerio Público ingresaron 6 mil 600 solicitudes, incluyendo todos los delitos a excepción de homicidios dolosos, secuestros y feminicidios. Señaló que durante el 2022 se presentó «un alto índice de judicialización superior al de los últimos 10 años», superando en un 83% lo ingresado en 2021. 

El segundo distintivo está relacionado a la celebración de 603 audiencias de control, 186% más que el 2021; así como la ejecución de mil 540 órdenes aprehensión, y 2 mil 675 vinculaciones a proceso.

Delitos de adolescentes 

El fiscal mencionó «un dato alarmante», ya que se detuvieron a  26 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad cometiendo un delito en flagrancia,  por otro lado se contabilizaron 93 carpetas judicializadas por la participación de adolescentes en uno o más delitos y se logró la vinculación de 137 casos; se realizaron 29 sentencias condenatorias, se sentenciaron a 33 adolescentes por delitos como secuestro y secuestro agravado, homicidio simple calificado, narcomenudeo, portación de armas de fuego, lesiones, violación y violación equiparada. Agregó que hay jóvenes de 21 años con penas de hasta 51 años de prisión. 

Aumento de drogadicción 

Reconoció que «hay eventos en escuelas donde el consumo de drogas va en aumento, no en universidades, ni en preparatorias, se ha detectado un caso en una secundaria técnica en Pánuco, donde menores de edad consumen nuevos productos a partir derivaciones marihuana«, dijo el fiscal. 

Homicidios, secuestros y feminicidios

En este apartado, el fiscal informó que se lograron 88 vinculaciones a proceso, y se ejecutaron 100 órdenes de aprehensión; las 63 sentencias condenatorias obtenidas, implicó la pena de prisión para 78 personas por el delito de homicidio doloso y secuestro agravado, mismo que conlleva la muerte de la víctima. 

«Se hizo justicia para 108 víctimas directas por este delito, se hizo justicia al obtener sentencia en contra de Carlos Roberto de 26 años por el homicidio de dos personas, condenado a 50 años de prisión; se hizo justicia al condenar a Jesús Iván de 23 años, por delitos contra nueve víctimas», mencionó el fiscal. 

Se desarticularon cuatro redes criminales dedicadas al asesinato de personas, bandas delcitivas de hasta seis participantes, todos ya sentenciados, agregó.

Secuestro 

En cuanto al delito de secuestro, se iniciaron ocho carpetas de investigación y se liberaron 31 víctimas, a pesar de haber «un claro decremento de secuestro», lo que se debe a una estrategia de inteligencia. Se detuvieron a 49 personas, 8 en flagrancia y 41 con órdenes de aprehensión. Lo que derivó 55 sentencias condenatorias, y se recluyó a 93 personas, imponiendo penas de hasta 100 años de prisión. 

Feminicidio 

Respecto a la investigación y persecución a la violencia feminicida, informó que en total se condenaron a 11 personas por feminicidio y tentativa de feminicidio.

Desaparición de personas

El fiscal consideró necesario «hacer visible la situación de desaparición de personas», ya que en 2022 se abrieron 968 carpetas de investigación, de delitos previstos en la Ley General de Desaparición Forzada y un total de mil 157 personas desaparecidas y no localizadas, el 53.2% fueron localizadas. Agregó que actualmente se tiene un equipo de 44 personas especializadas en la persecución e investigación de delitos de desaparición de personas, «personal insuficiente derivado del tamaño del problema», reconoció. 

Cuestionamientos

La mayor parte de los diputados que intervinieron y realizaron cuestionamientos al fiscal, fueron relacionados a la desaparición de personas, los protocolos que tiene la FGJEZ para la búsqueda de personas y el poco avance de las carpetas de investigación, principalmente en el caso del asesinato de Raúl Calderón Samaniego el pasado mes de enero del presente año. 

La diputada priista, Gabriela Basurto de Ávila, cuestionó al fiscal sobre los protocolos que se deben de seguir en cuanto a la desaparición de personas y el porqué no son socializados con la ciudadanía, además entregó un oficio al fiscal para proponer reuniones trimestrales con los diputados para dar seguimiento a temas fundamentales, además de elaborar un protocolo de desaparecidos. 

«Debemos de tener un diagnóstico claro de lo que hace la Fiscalía, lo que le falta y si es suficiente el recurso para que continúe realizando acciones», dijo. 

El diputado Juan Mendoza Maldonado y la diputada Priscila Benítez Sánchez cuestionaron al fiscal sobre los avances del asesinato del abogado Raul Calderón Samaniego, ya que a más de 100 días del homicidio aún no se tiene un panorama claro sobre los responables. 

Benítez Sánchez exigió al fiscal dar a conocer los avances de la carpeta de investigación, principalmente a los familiares quienes denuncian cerrazón por parte de la FGJEZ.

Por otro lado, Mendoza Maldonado cuestionó al fiscal sobre la falta de socialización de pruebas como en el caso de otros estados como Nuevo León, Estado de México, cuyas fiscalías proporcionan evidencias a los medios de comunicación para socializar diferentes casos que conmocionaron a la ciudadanía. 

En respuesta el fiscal aseguró que se basan en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establecen restricciones legales para dar a conocer de manera abierta la información, además de respetar «el derecho a la intimidad y privacidad de las víctimas, por eso somos discretos y sigilosos en el manejo de la información».

El diputado morenista Ernesto González Romo fue quien cuestionó duramente el desempeño del fiscal, e incluso reiteró que «estaría de acuerdo con su renuncia». Ante el pleno, el legislador mencionó que en 2022 se registraron mil 428 homicidios, y de acuerdo a los datos expuestos por la FGJEZ, únicamente «hubo justicia para 9 casos», lo que refleja una impunidad del 99.3 por ciento. 

«La Fiscalía no está haciendo su trabajo, los criminales están seguros de que nada pasará y pueden matar tranquilamente sin que nadie les aplique la ley… Me atrevo a decir que Zacatecas es la región más peligrosa del continente americano, desde las Malvinas a Alaska, en ningún lugar se puede asesinar tan libremente como en Zacatecas», dijo. 

«¿Qué le dice a las familias que tienen años pidiendo justicia en Zacatecas, a las madres de los desaparecidos, padres de decenas de niños que son asesinados cuyas muertes quedan impunes?, siguió cuestionando el diputado.

En respuesta, el fiscal aclaró que la remoción a su cargo es un procedimiento constitucional que se debe efectuar por el Poder Ejecutivo, y reconoció «que muchos asuntos se han quedado detenidos por faltas de pruebas y la Fiscalía no puede ir con un juez con pruebas de papel».

González Romo le contestó que «prefirió defender su estancia en la FGJEZ», y solicitó hacer un minuto de silencio hacia las víctimas como «un ejercicio de vergüenza profesional». 

Por su parte el diputado Xerardo Ramírez cuestionó sobre el número de elementos que conforman las unidades de investigación y Policía Investigadora; preguntó si la fiscalía tiene déficit de recursos y planteó la posibilidad de brindar más recurso para aumento de salarios y bonos a los trabajadores del organismo.