ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO

El proceso electoral de 2024 en México, que culminó con la elección de nuevas autoridades federales, estatales y municipales, deja un panorama político cargado de desafíos y escasas razones para festejar. 

Más allá de las tradicionales celebraciones por las victorias partidistas, el país enfrenta problemas estructurales que requieren atención y soluciones efectivas. 

Durante los últimos meses, las campañas se caracterizaron por incentivar y acrecentar la ya prevaleciente polarización ciudadana, incrementándose más la desconfianza ciudadana en el proceso democrático y dejaron una atmósfera de división, que deberá ser atendida. Uno de los retos más apremiantes es la situación económica. México ha experimentado un crecimiento económico modesto en los últimos años, y la pandemia de covid-19 exacerbó las desigualdades sociales. 

La inaparente inflación ha afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos, y la recuperación económica es lenta y desigual, por lo tanto, el nuevo gobierno enfrentará la tarea de impulsar una economía que beneficie a todos los mexicanos, como la creación de empleos, mejora de las condiciones laborales y la implementación de políticas fiscales que promuevan la equidad, sin descuidar la atención a la informalidad laboral que afecta a una gran parte de la población y limita el acceso a beneficios sociales y protección laboral. 

Además, algo que socava mucho a las familias mexicanas es la inseguridad, la cual sigue siendo uno de los problemas más graves. En los últimos años, la política gubernamental en este ámbito, no tuvo gran impacto. No ha habido un combate real al crimen organizado, los niveles de violencia permanecen alarmantemente altos y este sexenio se va a caracterizar como el más violento de las últimas décadas, por lo que los ciudadanos exigen estrategias más efectivas para garantizar su seguridad, la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social. 

La corrupción es otro desafío significativo, ya que sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del país. La percepción de corrupción entre los ciudadanos y las empresas socava la confianza en las instituciones públicas y desalienta la inversión, siendo necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la mejora de las auditorías, fortalecimiento de los órganos de control interno y la promoción de una cultura de integridad en todos los niveles de gobierno. El medio ambiente también está en la agenda de retos. México es un país vulnerable al cambio climático y enfrenta problemas graves como la deforestación, la contaminación del aire y del agua, y la pérdida de biodiversidad. 

La política ambiental debe ser una prioridad, con acciones concretas para mitigar los impactos del cambio climático y proteger los recursos naturales. El nuevo gobierno deberá promover políticas sostenibles que fomenten el uso de energías limpias, la gestión eficiente de recursos hídricos y la conservación de los ecosistemas. La cooperación internacional y la participación activa en acuerdos globales sobre el cambio climático serán esenciales para avanzar en esta agenda. 

En este contexto, las celebraciones electorales deben dar paso a un trabajo arduo y comprometido para enfrentar estos retos de manera efectiva. Al tiempo.