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LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.- Mediante una orden judicial, tribunales otorgaron la suspensión provisional a la construcción de la Presa Milpillas, luego de que ejidos, comunidades afectadas y defensores ambientales promovieron diversos juicios de amparo.

A través de un comunicado firmado por el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, los inconformes señalaron que la medida responde a violaciones a derechos humanos cometidas en el proceso de autorización del proyecto.

Argumentos de la oposición al proyecto

Integrantes del movimiento denunciaron que, pese a los discursos oficiales que aseguraban que no habría imposición sin consenso, autoridades de distintos niveles condicionaron servicios municipales y ejercieron presiones sobre los ejidatarios para forzar la aceptación de la obra. Asimismo, acusaron el despido de trabajadores solidarios con la causa y el hostigamiento a defensores de derechos humanos.

Las comunidades señalaron directamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) por avalar la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Sostienen que dicha resolución ignoró el impacto sociocultural en la población que habita la cuenca del río Atenco.

De acuerdo con el posicionamiento, estudios realizados por especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) han demostrado la inviabilidad técnica, ambiental, económica y social de la Presa Milpillas, planteando alternativas de menor costo para resolver el desabasto de agua en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Actores involucrados

El recurso legal fue promovido de manera conjunta por los ejidos: El Potrero, Atotonilco, Corrales y Estancia de Guadalupe, habitantes de las comunidades Las Bocas y Carretas, además de propietarios y ejidatarios de La Lagunita, Atotonilco y El Potrero, así como defensores de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores de la región.

El movimiento hizo un llamado a los juzgadores para que actúen con apego a derecho y otorguen eventualmente la suspensión definitiva del megaproyecto.