CARLOS PEÑA BADILLO

Una característica del gobierno de la cuarta transformación ha sido la constante polarización que desde Palacio Nacional no sólo se fomenta, se tolera y mantiene para sostener una constante división entre poderes, ciudadanos y sociedad en su conjunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado en esta estrategia los dividendos suficientes para distraer, confrontar y polarizar sobre todos los temas provocando que el juicio social alcance a legisladoras y legisladores, integrantes de la corte, del poder judicial, instituciones electorales, de transparencia y todo órgano que no piense, acate o induzca su visión de país, de justicia, de información, etcétera. 

La desconfianza –de por sí ya existente entre población y gobierno– en lo que va de este sexenio, cada mañanera busca acrecentarse. No se escapa absolutamente nadie, esto incluye partidos y actores políticos, medios de comunicación y comunicadores, iglesias, sociedad organizada y sólo se salvan quienes actúan bajo la directriz de su máximo líder, López Obrador. 

Así existan evidencias, señalamientos y argumentos para señalar a su equipo, funcionarios o cercanos en su círculo familiar o político de excesos, equivocaciones, acciones u omisiones, si están en su lista de amigos eso les hace inmaculados, les exceptúa de todo, hasta de lo evidente. 

Parto de esto para poder comentar acerca de lo que recientemente sucedió en Zacatecas. El gobernador David Monreal acusó a jueces y responsables de la justicia laboral de ser corruptos y estar coludidos con abogados y clientes para que en los laudos en contra de la Nueva Gobernanza todos los casos resulten en negativo para el gobierno del estado y positivos no sólo en lo legal, sino en lo económico para esa “mafia” que intenta saquear al gobierno mediante pagos millonarios a quienes fueron despedidos de sus espacios laborales en el estado. 

Fue muy grave acusar de esa manera porque esto, además de fomentar desconfianza en instituciones que deben buscar mantener y acrecentar la certeza de su imparcialidad y credibilidad, deja de lado todo lo que sucedió para llegar a este momento en que el patrón está obligado a pagar a la o el empleado; máxime si lejos de buscar culpables y verter afirmaciones hasta cierto grado cargadas de irresponsabilidad, se asumiera el costo de haber despedido sin criterio, con tintes políticos marcados y una sed de venganza bastante cuestionable. Se quitó la posibilidad de un empleo a personas con experiencia probada, años de servicio y compromiso no de partido o proyecto, sino con la institución o dependencia como tal. 

He ahí lo grave de que, en lo estatal, se siga replicando lo nacional. El cúmulo de errores que se cometen un día sí y otro también, no pueden seguir siendo una constante. Apostarle al encono de las y los zacatecanos, como se fomenta entre mexicanas y mexicanos, no es solución. Buscar que la confianza en las y los responsables de impartir justicia se pierda no es una buena salida. Acusar sin probar nunca ha resuelto problemas. Es necesario que lejos de mantener este discurso se le apueste a buscar en el diálogo, la coincidencia y el respeto, las herramientas necesarias que permitan que nuestra realidad cambie, hoy es preocupante el Zacatecas que tenemos y el México en el que vivimos.