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LA NOTA ZACATECAS
JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC.– La defensora de Derechos Humanos, Sandra Miranda Ortega, lideresa en la lucha contra la presa Milpillas está siendo violentada con una campaña de odio creada desde el Estado. 

El Movimiento en Defensa del Territorio y Río Atenco denunció la vulneración a la privacidad y seguridad de las familias afectadas, además de las acciones de hostigamiento, persecución y criminalización contra los defensores de derechos humanos Sandra Miran Ortega y Adrián Ramos Torres, por parte de Iliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez del Teul y Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas.

Además del uso de intimidaciones, coacción, difamación con dolo, por parte de autoridades federales, estatales y municipales para imponer el proyecto de la presa Milpillas.

En un comunicado dieron a conocer que Sandra Miranda Ortega, compareció ante el juez comunitario del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, en un careo con Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras públicas de dicho municipio. 

Este encuentro tuvo como objetivo esclarecer las declaraciones realizadas por la funcionaria, en las que vincula a la defensora con un presunto acto de compraventa de terrenos que realizaron otras personas sin la participación y consentimiento de la defensora, además, según testimonios esta compraventa se efectuó bajo presiones e intimidaciones, con el argumento de que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta.

Violaciones a los derechos humanos

Las declaraciones de la funcionaria pública y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos. 

A estas declaraciones se suman la difusión  de un documento y fotografías de las personas implicadas que según la propia Liliana Herrera obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, mientras las fotografías le fueron proporcionadas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, Susana Rodríguez Márquez (SAMA). 

El documento de transacción y la fotografía se ha divulgado principalmente dentro del Ejido de Atotonilco, acompañado de difamaciones en una franca acción dolosa para armar una campaña de odio contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde hace 10 años.

Durante el careo, Liliana Herrera, incriminó a la defensora bajo la falsa acusación de estar impidiendo que personal de Conagua (Comisión Nacional del Agua) entre a la comunidad a otorgar beneficios; cuando se trata de una decisión de las y los ejidatarios. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la seguridad de quienes defienden la vida y el territorio, sino que también erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia y resistencia que ellas sostienen.

Durante el careo, la defensora solicitó formalmente que se desvincule su nombre de dicha transacción, recordando que los señalamientos infundados vulneran la integridad de quienes defienden derechos humanos y obstaculizan su importante labor.

Conagua, notificados

El 23 de julio mediante la regidora, Joana Cristina Torres Gallegos, le fue entregado a la Conagua un documento del Comisariado Ejidal donde le prohíbe entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. Sin embargo, contraviniendo dicho documento Ejidal, la Conagua ha entrado en vehículos particulares acompañados de trabajadoras (servidoras de la nación), violentando la decisión de las y los ejidatarios. Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio.

Denunciamos también que la citada funcionaria de SAMA ha estado hostigando a través de su personal al delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, insistiendo en concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas por la madrugada, hechos que constituyen formas de presión e intimidación.

Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años. 

Por lo que el colectivo hace responsable a Susana Rodríguez y al Gobierno del Estado de Zacatecas por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos.

A estos hechos se suma la difamación y hostigamiento contra la defensora Sandra Miranda Ortega por parte del presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, quien el pasado 14 de agosto acudió a la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, utilizando de nueva cuenta la venta realizada por familiares de la defensora como argumento de presión, creando así un ambiente de desconfianza y división con información que no tenía por qué ser divulgada.

La exigencia 

Por lo que el movimiento exige: cesar de manera inmediata los actos de hostigamiento y difamación contra los defensora de derechos humanos Sandra Miranda Ortega y Adrián Ramos Torres, así como a cualquier integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, orquestados por los titulares de las dependencias municipales y estatales.

También piden garantizar la seguridad e integridad física y moral de Sandra Miranda Ortega, Adrián Ramos Torres y de los demás integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

Además solicitan de manera general, adecuar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.

Y, finalmente la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de organismos internacionales de derechos humanos.

También hicieron un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico.