TEXTO Y FOTO: LNZ
ZACATECAS, ZAC.- Setenta y nueve organizaciones nacionales e internacionales, comunidades agrarias y colectivos defensores de la tierra, emitieron un enérgico llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador David Monreal Ávila, exigiendo la cancelación definitiva del proyecto Presa Milpillas. Denuncian que la obra, integrada en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030, amenaza con devastar el ecosistema y vulnerar los derechos de las comunidades ribereñas.
Un proyecto señalado como «inviable»
A pesar de ser promovido como la solución a la crisis de agua en el estado, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) han calificado el proyecto como técnica y económicamente inviable. Según los estudios citados en el comunicado, la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, una cifra mínima frente al déficit de los acuíferos de la región, que supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales.
Como alternativa, los expertos proponen el “Camino Suave del Agua”, un modelo basado en la restauración ecológica y la justicia hídrica, con un costo y un impacto ambiental significativamente menores a los 9 mil millones de pesos que costaría la presa.
Denuncias de hostigamiento y coacción
El documento, respaldado por redes como la REMA y la Red TDT, detalla un patrón sistemático de agresiones contra los habitantes de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, quienes han rechazado el proyecto por más de una década. Entre las acusaciones más graves destacan:
- Hostigamiento directo: amenazas y campañas de difamación contra defensores del territorio.
- Coacción social: condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y hasta vacunas esenciales.
- Vigilancia y criminalización: uso de la fuerza policial y de la Guardia Nacional para presionar a los ejidatarios.
En el documento socialiazado por REMA, se expone que estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.
Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro.
Mientras que comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.
Señalamientos contra la Procuraduría Agraria
Las comunidades denuncian especialmente al titular de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, Francisco Pérez Compeán, acusándolo de abandonar su mandato de defensa para convertirse en promotor del proyecto, vulnerando la autonomía de los ejidos.
Consideraron la conducta de Pérez Compeán como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.
Exigencias claras
Ante lo que consideran una «decisión socialmente regresiva», las organizaciones firmantes exigen:
- Cancelación inmediata del proyecto Milpillas.
- Investigaciones administrativas y penales contra los funcionarios responsables de coacción y negligencia.
- Garantías de seguridad para las personas defensoras, responsabilizando al Estado Mexicano de cualquier agresión que pudiera ocurrir en el territorio.