MIGUEL ALVARADO 

ZACATECAS, ZAC.- Este martes, un grupo de pensionados y jubilados del Issstezac marcharon desde la Comisión de Derechos Humanos hasta la sede del Poder Judicial de la Federación, en protesta contra las decisiones tomadas por los jueces de distrito en relación a las demandas de amparo.

Jorge Rada Luévano, representante legal del Colectivo Nacional Anticorrupción, informó que en su despacho han atendido 2 mil 500 demandas de amparo de pensionados y jubilados, y todas han sido resueltas a favor de los demandantes, tanto para el año 2021 y 2022.

Enfatizó que actualmente están luchando para que se les haga el pago correspondiente a los pensionados y jubilados que ganaron la demanda, ya que el tema ha sido resuelto por el ámbito jurisdiccional y sólo falta que se realice el desembolso. 

Sin embargo, refirió que existen ciertas demoras debido a las prórrogas otorgadas en los expedientes de amparo, lo cual indica que podría haber cierta impunidad.

Rada Luévano mencionó que planea presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, la autoridad competente para investigar el desempeño de los jueces de distrito, por lo que acudirá a esa instancia para abordar el tema de manera personal.

Aunado a lo anterior, explicó que recientemente el tribunal colegiado emitió una resolución en relación a la denuncia de repetición del acto reclamado; sin embargo, la autoridad repitió el acto reclamado, esta vez referente al aguinaldo de 2022, “para eso la ley establece que se debe de presentar ante los jueces, una denuncia en caso de considerar de que existió una repetición”.

Ante la determinación de los magistrados de que no existía repetición del acto reclamado, argumentando que se trataba de otro ejercicio fiscal, Jorge Rada refirió que se están violando los derechos humanos de los jubilados y pensionados, ya que las pensiones tienen un carácter permanente e integral y no deberían establecerse año con año.

Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en defensa del Issstezac, afirmó que el tema también tiene implicaciones políticas y que buscarán otras vías a nivel federal, ya que acusan al gobernador David Monreal de no querer atender sus demandas.